Por Juan Pablo Ojeda
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, dictó este miércoles 12 de agosto de 2026 el auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada en agravio de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La resolución, notificada formalmente al cierre de una audiencia de desahogo probatorio que se extendió por 14 horas continuas dentro de la causa penal 128/2026, dejó firme la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada contra el imputado, por lo que el exmandatario estatal permanecerá recluso en el módulo de máxima seguridad mientras transcurre la siguiente etapa del juicio.
Para sustentar la imputación, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un expediente integrado por 48 tomos que incluyen 18 testimonios de exservidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y dictámenes periciales en materia de telecomunicaciones que documentaron 114 llamadas salientes y entrantes registradas desde la oficina del Ejecutivo estatal entre las 21:00 horas del 26 de septiembre y las 03:00 horas del 27 de septiembre de 2014.
El juzgador federal fijó un plazo estricto de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, el cual fenecerá el próximo 12 de noviembre de 2026. Durante este periodo, la Unidad Especial de Investigación y Licitación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) deberá desahogar peritajes técnicos sobre las bitácoras telefónicas de la residencia oficial Casa Guerrero y el rastreo de frecuencias de radio utilizadas por la policía estatal durante la noche de los ataques en Iguala.
Los peritajes presentados por el Ministerio Público de la Federación señalan que la omisión voluntaria de despliegue de las fuerzas del orden bajo el mando directo del Ejecutivo estatal impidió la localización de las víctimas en las primeras seis horas posteriores a la agresión armada. La fiscalía argumentó ante el tribunal que el ocultamiento de información oficial alteró la cadena de custodia de pruebas clave para el esclarecimiento de los hechos.
Ángel Aguirre, quien asumió la gubernatura de la entidad en abril de 2011 por una coalición partidista, solicitó licencia al cargo el 23 de octubre de 2014 tras el estallido de la crisis política provocada por la desaparición de los alumnos. Su detención fue ejecutada el pasado fin de semana en la Ciudad de México por agentes de la Policía Federal Ministerial mediante un mandamiento judicial tramitado por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.
La defensa jurídica del procesado confirmó que promoverá un recurso de apelación ante el Tribunal Colegiado de Apelación competente en el transcurso de los próximos cinco días hábiles. Con este fallo, el exmandatario se convierte en la autoridad civil de mayor jerarquía que enfrenta formalmente un proceso penal dentro de la investigación judicial del expediente Ayotzinapa.